-Este martes, los titulares de Relaciones Exteriores y Justicia se constituirán en la sede de los Derechos Humanos de la ONU para explicar los argumentos del Gobierno en torno al proceso de la exmandataria.

La Paz, Innovapress, 19 jun 2022.- Una delegación del Gobierno acudirá este martes a Ginebra-Suiza, sede de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) para responder a cada una de las observaciones que se realizaron sobre el proceso en contra de la expresidenta Jeanine Áñez quien recibió una condena de 10 años en un proceso oral ordinario.

“Con el canciller (Rogelio Mayta) el martes, a las 4.00, vamos a presentar nuestros comentarios al informe del Relator, el informe se presenta en Ginebra ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas”, anticipó el ministro de justicia, Iván Lima.

Indicó que el Gobierno solicitó hacer su intervención una vez conocido del informe del Relator Especial de la ONU para la Independencia Judicial, Diego García-Sayán, quien recientemente realizó seis observaciones sobre el procesamiento a la expresidenta.

“Nuestra posición va a estar en función al informe que presente el Relator. Nosotros llamamos a la reflexión al relator García Sayán, hay un código que regula el trabajo que él debe realizar. Él (García Sayán) no viene a juzgar cosas concretas, definitivamente no puede realizar ninguna afirmación sin previamente haber trasladado al Estado boliviano sus observaciones”, indicó Lima.

Según el ministro, las observaciones de García-Sayán “están fuera de contexto” y se difunden cuando, “justamente ahora”, concluye su mandato.

El Relator de la ONU observó que “la justicia en Bolivia tiene la oportunidad de hacer las correcciones que resulten necesarias ante un recurso de apelación o revisión, si se presentase” en torno al caso de Áñez.

Recomendó que Áñez “tiene derecho a juicio de responsabilidades quienes hayan ejercido la presidencia, al margen de cómo surgió su mandato”.

La postura del Relator surgió después de la lectura de la sentencia contra Áñez por el caso Golpe II cuando se ratificó que la expresidenta debe cumplir una condena de 10 años de reclusión por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.

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