-Hablan de verdaderas bandas delincuenciales incrustadas en el Poder Judicial. Recuerdan que es una instrucción del presidente Luis Arce hacer respetar la propiedad privada en el marco de la seguridad jurídica.

Santa cruz, Innovapress, 14 dic 2022.- La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) convocó este miércoles al Ministerio Público, las gobernaciones, el INRA, las alcaldías y a la Policía a cumplir con la instrucción del presidente Luis Arce de desalojar a los avasalladores de los predios privados y pidió del Gobierno dar con los cabecillas de ese hecho delincuencial.

El presidente de la CAO, Óscar Mario Justiniano, pidió se trabaje en identificar a los cabecillas de los avasallamientos, se los procese y encarcele como mínimo ocho años, “porque se trata de toda una mafia organizada y crminal”, apuntó.

El pedido surge, luego de la reunión con el Ministerio de Gobierno, para coordinar acciones que pongan freno a los avasalladores que se dan en Cochabamba y Santa Cruz particularmente.

“Estamos coordinando acciones con el Ministerio de Gobierno, porque de lo que se trata que el nivel de coordinación sea trascendental que permita que el orden público y que el Ministerio Público estén en la misma línea al igual que el Poder Judicial porque es ahí donde se tienen fracasos en los procesos”, explicó.

“Porque no solo basta con intervenir en los predios (…). Nosotros lo que hemos pedido es que se agarren a las cabezas, se enjuicie a estos y se los meta mínimamente ocho años porque esa será la forma de acabar con estos actos delincuenciales y con estos maleantes que están tremendamente organizados”, añadió Justiniano.

“No es solo una banda que toma los predios pidiendo tierras, eso es mentira, es falso. Son delincuentes estructurados, tienen gente metida en la Justicia ya sea en instancias municipales y demás, entonces son bandas que tienen un nivel de organización que si no se desestructuran las cabezas van a continuar causando zozobra, violencia y delincuencia”, insistió.

Según Justiniano, la CAO tiene 12 denuncias de avasallamientos a las cuales está haciendo seguimiento aconsejando jurídicamente a cada productor encarar los pasos respectivos en defensa de su propiedad.

“Estas 12 denuncias las hemos puesto sobre la mesa ante el ministro (de Gobierno) y todas las autoridades viendo cuáles son los niveles de avance, una ya tiene la orden de desapoderamiento, otras están todavía en el INRA con órdenes de intimidación que es cuando van y notifican a los avasalladores, otras están en proceso de saneamiento”, afirmó.

Reconoció el compromiso del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) porque existe celeridad en los procesos de saneamiento.

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