-Cientos de familias no pudieron pasar por el duelo en tiempos de pandemia. Las víctimas del nuevo coronavirus de la primera ola fueron enterradas, incineradas o cremadas sin un ritual de despedida; hace casi dos años ya no están, pero los suyos no se resignan a un entierro digno.

^{Por Gunnar O. Llanos A.}

Llevaba muerto 40 horas en la morgue cuando llegaron para recogerlo y enterrarlo por segunda vez. El 20 de julio del 2020, Dennis Arismendi, médico odontólogo de 46 años, contextura robusta, estatura de 1.82, tez morena, buen padre y esposo sintió los primeros síntomas de la COVID – 19. La fiebre, los escalofríos y un malestar general hicieron que pida permiso de su fuente laboral, el Centro de Salud Pary Orcko de la ciudad de Potosí. La licencia al principio fue rechazada, sin embargo, después de ruegos se le concedió el permiso obligado a presentar la baja médica de su seguro de salud, la Caja Nacional de Salud (CNS) de la región. 

Dennis fue una de las tantas víctimas de la primera ola del coronavirus que afectó a 10.948 personas del departamento de Potosí y cobró la vida de 252 pacientes (datos Sedes Potosí) que fallecieron en hospitales y domicilios, convirtiéndose en los apestados del barrio, en los leprosos del siglo XXI, tanto en vida como en muerte a causa del virus y su desconocimiento.

El 22 de julio presentó dificultades respiratorias y una coloración azul en la boca causada por la insuficiencia respiratoria, fue hospitalizado en la sala de aislamiento del Servicio de Medicina Interna de la CNS aproximadamente a las 23:15, y falleció a las 17:15 del 24 de julio por una insuficiencia respiratoria aguda.

Dennis habría muerto solo y sin asistencia, según refiere Claudia Torrico, esposa del fallecido. Ella constató una fractura al nivel de la nariz de su esposo, por lo que presume que cayó de la cama y falleció pidiendo ayuda, porque horas antes de su deceso él habría comunicado que se le quitó el oxígeno medicinal y se dispuso para otro paciente; sin embargo, un informe de la CNS señala que Dennis fue un paciente inquieto y ansioso que se retiró la administración de oxígeno, se puso de pie, sufrió un paro respiratorio y cayó al piso donde fue reanimado. Dennis murió en el suelo frío de un hospital.

El 25 de julio, Claudia y los padres de Dennis, ambos adultos mayores, recibieron un cadáver envuelto con plástico que lo depositaron en un féretro café con ornamentos dorados. Lloraron a Dennis hasta acabar las lágrimas, acompañaron al camposanto y con una pesadumbre indescriptible levantaron las manos en símbolo de adiós y se despidieron de él hasta que el carro fúnebre se perdió entre los árboles del Cementerio General de Potosí.

Claudia, horas más tarde y del mismo día, recibió una llamada de la CNS – “Disculpe, le llamamos de la Caja, doña Claudia hubo una confusión, se le entregó por error el cadáver de otra persona, su esposo está aquí en la morgue” – aquella voz partió el alma de Claudia. Indignada retornó al hospital y sin miedo al virus ingresó por la fuerza a la morgue e identificó el cuerpo de su esposo, que estaba desnudo y rodeado de cadáveres envueltos en bolsas negras. Un informe de la CNS sobre el caso niega la confusión y añade que la funeraria y un pariente de Dennis retiraron otro cadáver embolsado, sin constatar el nombre rotulado. 

El sábado 26 de julio Claudia custodió al cuerpo de su esposo hasta la puerta del camposanto y desde aquel lugar donde centenares de personas se despidieron de sus seres queridos por la restricción de ingreso al cementerio por la emergencia sanitaria, dijo adiós a los restos mortales de su cónyuge junto a sus cuñados. En esta ocasión, los padres de Dennis no participaron porque se decidió guardar la información para evitar daños emocionales. Aquel sábado, Claudia vio por última vez el cuerpo de Dennis y hasta la fecha desconoce con precisión dónde fue sepultado.  

De acuerdo a testimonios tomados del Informe Defensorial “Salud, Derechos Humanos y Covid-19 en Bolivia”, del 28 de diciembre del 2020 de la Defensoría del Pueblo muchas familias de Bolivia atravesaron demoras en los levantamientos de cadáveres; fueron afectados con la entrega de certificados de defunción equívocos; buscaron cadáveres de  fallecidos por siete días (Oruro) y muchos de ellos se despidieron físicamente en las puertas de los centros hospitalarios para nunca más dar con sus restos físicos como sucedió en el Cementerio de la ciudad de Potosí donde existen fallecidos que fueron sepultados sin una georreferenciación exacta. 

En la ciudad de Potosí, hay más de 215 familias que buscan con desesperación, la ubicación de los restos mortales de padres, madres, hijos, hijas y esposos y esposas en el Cementerio General de Potosí donde fueron inhumados entre los meses de abril y agosto del 2020; asimismo, existe otro grupo de 89 familias que también demandan la identificación, individualización y cremación de fallecidos enterrados en el Cementerio Provisional de Altipampa que fueron sepultados entre los meses de agosto y octubre del mismo año, según reporte de la Directiva de Dolientes Fallecidos por COVID – 19.

La Administración del Cementerio General de Potosí, en el Plan de Identificación de Fallecidos con COVID – 19 reporta que 297 personas fueron inhumadas en los camposantos Cementerio General (208) y Cementerio Transitorio de Altipampa (89); también, esta entidad reconoce que carecen de datos disgregados de acuerdo a la primera, segunda, tercera y cuarta ola de la COVID – 19 y que no contaban con un horno crematorio en la primera ola.    

En el Cementerio General de Potosí hasta antes del 7 de septiembre del 2020, miles de cadáveres fueron incinerados de forma improvisada. Los cuerpos que cumplían el tiempo de permanencia eran extraídos de las tumbas y depositados sobre latas del tamaño de un ser humano adulto, esta práctica de incineración con gasolina y querosene, se realizó por casi 111 años, es decir, desde el funcionamiento de este camposanto.

Presionados por el virus, recién desde septiembre y noviembre del 2022, esta necrópolis garantizó el servicio permanente de cremación de cadáveres con la entrega y puesta en funcionamiento de un horno industrial de categoría 3 donado por el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí en el mes de noviembre. En septiembre del mismo año, la alcaldía potosina entregó un horno crematorio móvil que en menos de un mes presentó deterioro prematuro, observaciones de sobreprecio en la compra y dejó de funcionar el mismo mes.   

La Guía y Procedimientos para el Manejo y Disposición de Cadáveres de casos COVID – 19, aprobado por el Ministerio de Salud por RM 0175/2020, dispone que los cuerpos deben ser entregados al servicio funerario para su depósito en ataúd o contenedor de cremación, seguido del traslado al destino final, siendo el horno crematorio y/o cementerio. Sin embargo, la emergencia de la COVID – 19 sorprendió a Potosí, sin un horno crematorio y sin plan de emergencia para la primera ola que desembocó en improvisación en el entierro de fallecidos con coronavirus.

Una mañana de septiembre, casi al mes del fallecimiento de su padre, Álvaro Quintana, persona de 45 años, de estatura mediana y de mirada seria, solicitó la ubicación exacta del entierro de su progenitor. A partir de ese momento inició la búsqueda de su padre y en el camino encontró a varias familias que peregrinaban como él, y decidió unirse al grupo que se conformó desde aquel septiembre del 2020. 

“La administración del cementerio informó que el registro de entierros se realizó de acuerdo al orden de ingreso.A esta situación se sumó los criterios de algunas personas afectadas que aseguraban haber participado del entierro y conocían la ubicación exacta, todo variaba; por esta razón se elaboró un primer, segundo y hasta un tercer plano de georreferenciación, después ya no nos entregaron las modificaciones de forma física porque era comprometedor”, indicó Álvaro con un ligero seseo.

Él cree que la primera reunión con la Administración del Cementerio General de Potosí y la organización “Dolientes Fallecidos por Covid-19” fue determinante para la organización de una directiva de dolientes, por el grado de incongruencia entre la administración del camposanto y las empresas funerarias.

Ernesto Quintana, padre de Álvaro, dejó este mundo a los 78 años el 9 de agosto del 2020 en el Centro COVID. Hoy sus familiares aún tienen dudas sobre la certeza del diagnóstico del deceso. Los restos de Ernesto, al igual que de otras seis personas que fallecieron el mismo día con la misma causa, según certificado de defunción, fueron trasladados hasta el Cementerio Municipal.

Aquella jornada antes del mediodía, Álvaro, acompañado de unos pocos familiares, vio abrirse las enormes puertas metálicas, enrejadas y oscuras del Cementerio Municipal de Potosí. El carro fúnebre atravesó con lentitud y los dolientes vieron perderse a Ernesto entre los árboles y pabellones de nichos.

Mientras, en su asiento de conductor del carro fúnebre, Juan sufría incomodidades por el traje blanco de polipropileno, el sudor lo agobiaba, tenía cansancio al respirar por la mascarilla y por ratos perdía la visibilidad por los lentes empañados. Ingresó lentamente por la puerta enrejada del Cementerio General de Potosí, por el retrovisor captó lágrimas y desconsuelo en los pocos familiares que a gritos despedían al fallecido que trasladaba; él no pudo reconocer a nadie por los barbijos mojados por el dolor.

Juan es educador de profesión y chofer de taxi en los tiempos libres; es de mediana estatura, cabello corto tipo militar, bonachón por su forma de hablar y siempre viste con ropa deportiva. Él aceptó trasladar fallecidos COVID al llamado para sustituir la renta que a diario realizaba como taxista y que por la restricción sanitaria ya sentía el déficit para cubrir el alquiler, los servicios básicos y otros gastos de sus cuatro hijos.  

“La primera vez que ingresé al cementerio llevando un cuerpo me sorprendí mucho, porque ahí estaba un tractor tipo gallineta que sacaba tierra, algunas veces los cuerpos eran botados después la pala cubría con tierra. Una vez que dejábamos el cuerpo retornábamos con el ataúd a recoger otro muerto. La verdad daba pena ver cómo estaban, en una fosa ponían a dos personas”, testimonia Juan.

Para los familiares, el dolor por la forma en que sus seres queridos llegaron a su última morada se multiplica. Así cuenta Álvaro: “No todos los cadáveres fueron enterrados en cajones y dignamente, conocemos que esto habría ocurrido en el mes de agosto del 2020, es cierto que algunas funerarias se aprovecharon de la situación; también, hubo entierros en cajones ecológicos donde el féretro cedió por el peso del fallecido y ¡Paff!… cuerpo al suelo. Lo penoso es que hubo entierros por niveles en condiciones muy duras, pero todo esto será aclarado en la ejecución del Plan de Identificación, Individualización y Cremación de fallecidos con COVID – 19”.

Juan ayudó a introducir cadáveres a féretros, atestiguó las dantescas escenas de una pandemia y evidenció las dolorosas condiciones de entierros de cadáveres embalados en bolsas negras o en bolsas mortuorias. Atemorizado por la letalidad del virus, tras cumplir con el traslado número 10, dejó el empleo provisional por temor a contagiarse y trasladar el virus a su familia.

Al igual que muchos camposantos del mundo, el Cementerio General de Potosí atravesó por dificultades en la Primera Ola de la COVID – 19, por la ausencia de un plan, por la cantidad de fallecidos, por la falta de espacios, por la carencia de un horno crematorio y por el poco personal.

Claudia también asistió a la primera reunión para esclarecer la ubicación exacta donde fue sepultado los restos mortales de Dennis; de acuerdo con información colectada en fotografías y testimonios, a ella le refirieron hasta cinco posibles lugares.

En la reunión, recibió el documento de georreferenciación, leyó con detenimiento el informe, pero el zigzag de su mirada se paralizó, en el texto que decía “FALLECIDO, Dennis Dante Arismendi Maygua, FECHA DE ENTIERRO, 24 de julio”, con indignación arrancó de ira y reclamó cuestionando públicamente al Administrador del Cementerio General de Potosí.

“¿Cómo una persona puede ser enterrada antes de morir?, explíqueme señor administrador, mi esposo según su documento fue enterrado el 24 de julio por la mañana, pero mi marido murió ese día por la tarde y fue enterrado el 26”,dijo Claudia; asimismo, sin temor, acusó de inhumar a dos cuerpos en una sola fosa e hizo notar que cuatro cadáveres faltaban en la georreferenciación. Al final de la reunión, el documento fue rechazado.

El mismo día, un servidor público municipal con mirada tajante y amenazante increpó a Claudia, pero ella no cedió y se marchó demandando respeto a su condición de mujer. En su paso, metros arriba, vio a un grupo de padres, hijos, esposos y esposas (Todos dolientes) llorar desconsolados hasta el desvanecimiento por la desinformación y desesperación. 

“Recuerdo que meses después tuvimos una reunión muy fuerte, el Acalde me amenazó con iniciarme un proceso penal, porque yo les acusé de sepultar a dos personas en el mismo espacio, pero la reunión fue favorable para nosotros, porque al final el alcalde preguntó dudando a sus acompañantes y secretarios si era verdad mi acusación y ellos no tuvieron más que admitir que sepultaron a dos personas en el mismo lugar”, dice Claudia.

Los dolientes de fallecidos con COVID – 19 de la primera ola, se organizaron desde septiembre del 2020, ese mismo mes conformaron una directiva liderada por Blanca Grimaldiz y apoyada por Claudia como secretaria de actas. En la oportunidad, se presentó la primera solicitud de información escrita a la Administración del camposanto potosino. Sin embargo, la organización casi fue diezmada entre los meses de octubre y noviembre. Por aquel entonces Claudia fue calificada como intolerante por su posición radical, y no se le permitió ingresar a dos reuniones, por lo que abandonó temporalmente el movimiento que demandaba la identificación, individualización y cremación de cadáveres.

“Ante la falta de respuestas retorné al movimiento de reclamo después de un mes, y un 12 de diciembre tomamos el Sedes por 12 horas con autoridades municipales y de salud adentro y con esta medida de presión logramos el visto bueno del Sedes para el reconocimiento de nuestros familiares, estos compromisos fueron ratificados en formulario notarial el 14 de diciembre del 2020, en aquel momento me dijeron que me haga cargo de la presidencia de la Directiva de de Dolientes Fallecidos por COVID – 19”, rememora Claudia.

Ante demoras y respuestas a compromisos de la Alcaldía potosina, la Directiva de Dolientes Fallecidos por COVID – 19 y todos los afectados tomaron por vez primera el Cementerio General de Potosí un 30 de marzo del 2021 demandando el cumplimiento del Plan de Trabajo de Identificación, Individualización y Cremación que debió iniciarse un 29 de marzo. Entre el 28 de abril y 4 de mayo tomaron nuevamente el camposanto y mantuvieron la vigilia permanente por una semana. Entre enero y junio del 2021 bloquean por cinco oportunidades el edificio central de la alcaldía potosina; en la última toma una mujer vestida de negro amenazó al alcalde con lanzarse del balcón, si no era atendida. 

El 28 de abril del 2021, dos grupos organizados de familiares dolientes de fallecidos con COVID – 19 ingresaron a la necrópolis potosina, como quien lleva flores a sus muertos y en cuestión de segundos las dos puertas del camposanto fueron tomadas con cadenas y candados hasta nuevo aviso. A partir de aquel día hubo encuentros verbales y hasta insultos entre los protestantes y familiares que tenían esperando al fallecido esperando ingresar a un cementerio bloqueado. Entre el 28 de abril y 4 de mayo, los muertos esperaron para ser enterrados.

Por aquellos días de movilización, Claudia pese al compromiso con la organización no participó del bloqueo. Una neumonía la tenía en cama, sin fuerzas y sin voz; a 14 meses después del segundo bloqueo del cementerio, ella desde su salita agradece la fortaleza de sus compañeros y saluda el liderazgo de Álvaro Quintana y Sergio Fernández. 

Producto de las presiones, los dolientes de fallecidos con COVID – 19 de la Primera Ola lograron una autorización del Sedes para la identificación de restos mortales que hayan superado los siete meses de fallecidos; consiguieron la aprobación de un Plan de Trabajo para la Identificación, individualización y Cremación de Cadáveres y obtuvieron la construcción de nichos donde serán trasladados los cadáveres a ser identificados.

El informe para el Plan de Trabajo de Identificación, Individualización y Cremación de fallecidos con COVID – 19 admite la inhumación de dos cuerpos sin vida en una sola fosa por lo que 36 cadáveres estarían compartiendo un espacio en la Zona “C” del camposanto potosino y acepta que brindaron información imprecisa sobre la ubicación de entierros COVID realizados entre los meses de abril y agosto del 2020.

Las 297 familias de los muertos de la Primera Ola de la COVID, a la fecha aguardan la ejecución del Plan de Trabajo de Identificación, Individualización y Cremación de fallecidos que fue aprobado por Decreto Municipal N°14/2022 y dispone su cumplimiento, mismo que se encuentra retrasado de acuerdo a fechas establecidas. La ejecución de este plan fue suspendida en más de dos oportunidades, sin embargo, los dolientes no pierden la esperanza y ven cerca el día de la identificación.

En menos de tres años, Claudia perdió a su hija, a su cónyuge y a su madre, ella dejó la casa de los suegros donde convivía con Dennis para cuidar la salud emocional y evitar que la depresión devorase su alma y la de su hijo de siete años de edad. Ahora ambos viven en la zona de Concepción.

A casi dos años de la muerte de Dennis, Claudia está sentada en su salita de 4×4 metros y de paredes tumbo, en una esquina hay fotografías de sus fallecidos y en el modular adornos y retratos familiares del pasado. Ella recuerda que una gélida madrugada de julio del 2020, el pequeño Daniel, hijo de Claudia y Dennis, lloró con desconsuelo y abrazó a su padre, pero no logró evitar que fuera a trabajar. Dennis con un beso en la frente se despidió de todos y se fue a trabajar en su consultorio odontológico del sistema público de salud. 

La Defensoría del Pueblo en su Informe Defensorial “Salud, Derechos Humanos y Covid-19 en Bolivia”, concluyó que el Estado no aseguró la disponibilidad y provisión oportuna de cantidades suficientes de Equipos de Protección Personal de bioseguridad, insumos de esencial uso para el personal de salud y asegura que evidenciaron abandono del personal de salud e insuficiente e inoportuna dotación de EPP de bioseguridad a nivel nacional.

La noticia de la muerte de Dennis fue traumática para Daniel, aquella tarde rompió en llanto y durmió cansado por el desconsuelo. A la mañana siguiente continuó llorando y cuestionó sobre el entierro de su padre

Después de 23 meses de la muerte de Dennis, a su corta edad, Daniel no logra aún entender el porqué de estas tragedias, sin embargo, asiste a misa y reza por él; arma el altar de su padre para fechas conmemorativas y prometió ser médico para ayudar a los enfermos y evitar que niñas y niños se queden sin un papá como pasó con él.

Esta investigación fue desarrollada en el marco del Fondo Concursable Spotlight XIV de Apoyo a la Investigación Periodística en los Medios de Comunicación, que impulsa la Fundación Para el Periodismo (FPP).

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